En el Día de la Tierra, la Fundación Vida Silvestre Argentina volvió a armar su semáforo con una selección de los problemas ambientales más urgentes (rojo); los temas pendientes de definición (amarillo) y las buenas noticias relacionadas con el ambiente (verde).
Un fondo vacío para la Ley de Bosques
La correcta implementación de la Ley de Bosques (sancionada en 2007 y reglamentada en 2009) es una cuenta pendiente y urgente, dado que apenas se le asignó a la conservación de nuestros bosques nativos el 8.5% de lo estipulado en la Ley: entre 2010 y 2015 recibieron 1.239 millones de pesos (“Informe de estado de implementación 2010 – 2015” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) en vez de los 14.750 millones que le correspondían.
En la Argentina los bosques nativos están en proceso de degradación por la deforestación. Desde 1990 perdimos 7.5 millones de hectáreas de bosques (es el equivalente a la provincia de Formosa), según un informe de 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Aún quedan 11 millones de hectáreas susceptibles de ser convertidas a otros usos del suelo, y se requieren medidas adicionales a la Ley de Bosques para reducir la deforestación en estos sitios, como la creación de Áreas Protegidas.
Humedales: un proyecto de ley que sigue esperando
A pesar de que existen proyectos de ley con estado parlamentario para proteger a los humedales, sumado al anuncio del gobierno nacional de dar prioridad para su tratamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias, no se ha avanzado en la sanción y no se percibe un articulado sistema de consulta para que la ley resultante cuente con la licencia social que facilite la implementación.
Los humedales, junto a los bosques, actúan como esponjas y ayudan a mitigar los efectos que provocan las fuertes lluvias. La falta de una regulación que promueva un inventariado y un ordenamiento ambiental de los humedales pone en peligro a estos ecosistemas que se encuentran en proceso de degradación progresiva provocada por la conversión de las tierras para uso agrícola y ganadero, el desarrollo inmobiliario desmedido, la contaminación y la extracción de agua, entre otros factores.
Los humedales representan cerca del 21% del territorio nacional y los múltiples servicios ambientales que brindan están valuados a nivel mundial en 14 billones de dólares anuales. La Argentina cuenta con 22 sitios Ramsar, o humedales de importancia internacional, entre los que se encuentran el recientemente incorporado Delta del Paraná (Santa Fe y Entre Ríos), la Península Valdés (Chubut), la Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Bahía de Samborombón (Buenos Aires), de particular interés para Vida Silvestre, ya que alberga una de las últimas subpoblaciones de venado de las pampas, especie icónica en peligro de extinción.
Prácticas pesqueras no responsables
En la pesquería de merluza, al menos, un 20% de lo que se captura, se tira muerto al mar según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) por falta de dispositivos de selectividad que modifican las artes de pesca y permiten el escape de ciertas especies no comerciales y ejemplares pequeños. Esta afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que en 2015 se pescaron 251.000 toneladas de merluza común en aguas nacionales, según el Ministerio de Agroindustria. Esto provoca la muerte innecesaria de toneladas de peces, lo que además implica desperdicio de alimento y desconocimiento de la abundancia real de los recursos (ya que estos descartes no son declarados) y disminución de la capacidad reproductiva del recurso por eliminación de los juveniles.
En este contexto es necesario trabajar por un sector pesquero sustentable y transparente. Hace más de 2 años que no se realizan campañas de investigación para conocer la abundancia de los recursos pesqueros del mar argentino, información indispensable para determinar cuánto se puede pescar.
Un acuerdo para cambiar el cambio climático
Actualmente las consecuencias del cambio climático ya se sienten en Argentina con las grandes inundaciones que afectan el litoral del nuestro país producto de mayores lluvias y falta de superficies forestadas donde escurrir el caudal de agua.
Argentina llevó a París metas que plantean un piso del 15% de reducción de emisiones a 2030, con un potencial de alcanzar un 30% condicionado a financiamiento internacional. Estas metas no demuestran un claro compromiso y voluntad por encarar el problema del cambio climático, ni aprovecha el potencial del país para lograr reducciones mayores a las planteadas para mitigar el cambio climático. En esta línea, el gobierno tiene la oportunidad de introducir modificaciones que permitan alcanzar metas más ambiciosas y que, a la vez, sean el producto de un proceso de análisis y toma de decisiones más participativo y vinculante para gobiernos, sector privado y sociedad civil.
En este sentido, Vida Silvestre propone reorientar la estrategia argentina en tres ejes claves:
– Jerarquizar el trabajo de la Subsecretaría de Eficiencia Energética (Ministerio de Energía) para alcanzar un ahorro de energía del 25% al 2030.
– Lograr el cumplimiento efectivo de la Ley 27.191/15 “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica”, elevando la participación de energía eléctrica nacional proveniente de fuentes renovables con vistas a alcanzar el 20% al 2025. Hoy la Argentina cuenta con menos de 1% de su matriz eléctrica basada en energías renovables.
– Contar con un Fondo Nacional plenamente constituido para la Conservación de los Bosques Nativos en Argentina, que evite la emisión de alrededor de 14.680 millones de toneladas de carbono equivalente, asegurando la conservación y el manejo sustentable de 30 millones de hectáreas de bosques nativos con categoría roja y amarilla por la Ley de Bosques.
Sumar renovables y eficiencia a la matriz energética
La disponibilidad de energía es estratégica en un mundo afectado por el cambio climático y la escasez previsible de los combustibles convencionales. En este sentido, la reglamentación de la Ley 27.191/15 “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica” es un paso firme hacia la soberanía energética. Esta Ley elevará la participación de fuentes renovables en la energía eléctrica nacional de un 1% actual a un 8% en 2017 y un 20% en 2025.
Sin embargo, es necesario profundizar las políticas de eficiencia energética que aún resultan parciales e insuficientes. Para el sector industrial, uno de los de mayor consumo, es fundamental continuar con la norma de etiquetado de eficiencia energética para motores eléctricos junto con la implementación de la Norma ISO 50.001 y las auditorías energéticas que impulsa la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Para el sector comercial es clave extender la obligatoriedad del etiquetado energético sobre algunos equipos en los que aún es voluntario y así dar señales al mercado sobre la necesidad de corrimiento hacia tecnologías cada vez más eficientes. Estas medidas, junto con un mayor uso racional y eficiente de la energía por parte de la sociedad, redundan en un potencial de ahorro estimado a 2030 de entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020, a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas.
En este sentido, es necesario promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía y las Energías Renovables, evitando construir las centrales hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, que implicaría una mala propuesta en términos energéticos, económicos, ambientales y sociales.
Antártida, continente amenazado
Una reciente investigación de la Revista Nature demuestra que el aumento de la temperatura media anual está produciendo derretimientos irreversibles al oeste de la placa antártica con un aumento del nivel medio del mar de entre 10 y 20 centímetros. Si no se aplican políticas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el deshielo en la Antártida tiene el potencial de sumar más de un metro al aumento del nivel del mar para 2100 y más de 15 metros para el 2500.
Este ecosistema también sufre otras amenazas: la pesca no sostenible, el turismo y una alta tasa de acidificación de los océanos que afecta a la población de kril y a sus especies depredadoras. En este sentido, faltan mecanismos que limiten el aumento de las flotas pesqueras, la creación de áreas marinas protegidas que ayuden a preservar este ecosistema y una mayor participación del Instituto Antártico en el Comité Gubernamental de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Yaguareté: de 43 a 68 en la selva misionera
En 2014 la población de yaguaretés en la selva misionera y parte de Brasil registró un ligero repunte: se estima que pasó de 43 individuos promedio
registrados en 2004 a 68 en 2014, según estudios realizados por investigadores del Proyecto Yaguareté del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y del Instituto de Biología Subtropical de CONICET, que desde hace más de 10 años reciben apoyo de Vida Silvestre.
Hay que seguir trabajando sobre la especie y la fauna silvestre, la conservación de la selva y la conectividad entre los remantes de bosques, el control sobre la caza furtiva y eventuales conflictos con animales domésticos para favorecer la población del yaguareté y alcanzar la población meta de 250 tigres criollos establecida en el Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en el Corredor Verde de Misiones.
Más superficies de plantaciones forestales certificadas en Misiones
En el último año Misiones paso de 1,5% a un 32% de plantaciones ubicadas en el Bosque Atlántico del Alto Paraná misionero (centro-norte de la provincia) con certificación FSC (Forest Stewardship Council, por sus siglas en inglés) que garantiza un manejo sustentable.
Vida Silvestre, como impulsora del Consejo de Administración Forestal (FSC) en Argentina acompañó el proceso de consulta que logró certificar un área combinada de 192.790 hectáreas, de las cuales unas 88.000 son de bosque nativo destinado a la conservación.
El FSC es el sello de certificación forestal con mayor credibilidad para los consumidores a nivel mundial, alcanzando una superficie forestal certificada a nivel mundial de 183.103.140 ha
La provincia de Misiones cuenta con tres empresas forestales certificadas que alcanzan el 33% de la superficie total forestada.
