En una región afectada seriamente por la corrupción y la informalidad, los esfuerzos por establecer normas y procedimientos para mantener la integridad en el sector privado han cobrado impulso en los últimos años y en especial con la organización de la cumbre de líderes mundiales en Argentina, aunque aún queda mucho por hacer.
Por Germán Padinger
Desde el año 2016 y con la llegada de la coalición Cambiemos al gobierno de Argentina se ha visto un intento por implementar o profundizar las normas y acciones destinadas a mejorar la transparencia y el compliance tanto en el sector privado como el público.
Esta política puede contextualizarse en las promesas de campaña de aumentar la visibilidad internacional del país, que en la administración anterior había quedado opacada, y al mismo tiempo allanar el camino para un posible ingreso de Argentina Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). También se enmarca en los esfuerzos del país de organizar este año la cumbre internacional del G20.
Lo cierto es que tanto la transparencia, basada en la publicidad de los actos y objetivos de las empresas, como el compliance, entendido como los procedimientos para cumplir con normas internas y externas, son valores cada vez más importantes en los países desarrollados y un piso de acción en el escenario de la economía global, ya sea en el área de lavado de dinero como también en el cumplimiento de regulaciones de protección del medio ambiente.
Ambos son también elementos centrales en la lucha contra la corrupción, que en su mayor nivel surge precisamente entre los funcionarios de gobierno y las empresas privadas.
Al respecto, en los últimos años se ha visto en la región y en el mundo el avance la figura del arrepentido como tendencia clara. Esto permite que aquellos que ya están siendo investigados por corrupción tengan incentivos para romper el “pacto de silencio” y colaboren con las autoridades para desmantelar redes más importantes.
En el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht, surgido en Brasil pero con repercusiones en toda América Latina, esta figura ha sido esencial y fue utilizada incluso por su presidente y dueño Marcelo Odebrecht, permitiendo alcanzar a diferentes figuras en el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
En Argentina la ley 27.304 de Reforma del Código Penal plantea los criterios básicos para acogerse a ese beneficio y constituye un avance en esta dirección.
Otra tendencia global apunta a permitir que las personas jurídicas, en especial asociaciones civiles, sociedad y fundaciones, sean responsables penales por delitos de corrupción o cohecho a nivel nacional e internacional.
También podemos sumar nuevas leyes de acceso a la información pública que aumenten la transparencia de las operaciones entre el Estado y las empresas.
Como señala Claudia Paluszkiewicz, abogada asociada en el estudio Marval, O’Farrell&Mairal y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, en estudio reciente las empresas se enfrentan actualmente a la necesidad de cambiar o profundizar sus proyectos de transparencia y compliance.
En primer lugar se hace necesario contar con un plan propio de integridad que tenga aprobación del directorio, y designar un responsable interno para coordinar su aplicación, también conocido como ComplianceOfficer (Oficial de Cumplimiento, o CO).
A esto debe sumarse capacitación en relación a este programa para todo el personal, y canales de denuncia y protección del denunciante que deriven en proceso de investigación interna, además de auditorías y mecanismos de control internos.
La región
La situación de la transparencia y el compliance en América Latina presenta desafíos propios de la región y aún queda mucho por hacer.
En primer lugar se debe dar cuenta de la enorme porción de la economía informal que opera en estos países, difícilmente adecuable a normas internacionales.
Además, el compliance no está tan arraigado en la cultura empresaria local como sí sucede en economías más desarrolladas.Finalmente, los frecuentes cambios políticos que suceden en la región han derivado en un caos de normas y regulaciones, y una tendencia a la creación de “zonas grises”.Esto hace necesario “un notable trabajo de conciliación entre la realidad local y las políticas y estándares globales”, como señala Kleinhempel.
Pero ha habido señales de cambio, basado en iniciativas de varios países. Brasil es uno de los ejemplos más claros, que a raíz del enorme escándalo de corrupción entre el sector privado y el sector público que involucró a la estatal Petrobras, a la constructora Odebrecht y prácticamente toda la cúpula del PT, logró aprobar la ley 12846/13, conocida como “Ley anticorrupción”.
Esta norma, que hizo a las empresas responsables de prácticas de corrupción, fue la primera en el país en prever la existencia de mecanismos internos de integridad, auditoría y incentivo para la denuncia, y fomentó la aplicación de códigos de ética y conducta, como destaca un informe del estudio de abogados Pinheiro Neto.
Chile también está tomando medidas activas y mantiene desde hace tiempo una legislación relacionada con el compliance, como la ley Ley 20.393 que desde 2009 establece la responsabilidad de las personas jurídicas en delitos de cohecho, lavado y terrorismo.También existen en el país normas que regulan la libre competencia y la formación de monopolios. Incluso para todas transparentar las compras que realiza el Estado se desarrolló e implementó la plataforma Chilecompra, donde figuran las llamados a licitación de todas las adquisiciones que realiza el sector público y las ofertas de los privados.
En Colombia se ha visto un avance significativo en los últimos años, como sostiene un informe del estudio Brigard & Urrutia. En concreto se han aprobado nuevas regulaciones en materia de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y administración desleal en el sector privado.
Pero la región sigue reportando niveles de transparencia bajos. De acuerdo a datos de la organización Transparencia Internacional, América Latina registró en 2017 en promedio un puntaje 37,6 en percepción de la corrupción, en una escala que va del 0 para países extremadamente corruptos y 100 para aquellos perfectamente “limpios”.
Esto es inferior al promedio mundial de 43 puntos, y muy por debajo del promedio de Europa Occidental, que llega a 66. De acuerdo a este índice la región más corrupta del mundo es el África Subsahariana, con un puntaje de 32.
En América Latina, Uruguay y Chile tienen los mejores desempeños, que alcanzan un puntaje de 70 y 67, ubicándose en los puestos 23 y 26 de un total de 180 países, respectivamente.Argentina tuvo un puntaje de 39 con el puesto 85, mientras que Brasil y Colombia llegaron a los 37 puntos y compartieron el puesto 96. Venezuela es el país latinoamericano peor posicionado, con un puntaje de 18 en el puesto 169.
El rol del B20 y los organismos internacionales
En el marco de la celebración de la cumbre del G20 en Argentina en 2018, el país también ha estado coordinando reuniones del Business 20 o B20, el grupo de afinidad que representa al sector privado y entregará una serie de recomendaciones en políticas pública a los líderes que se reunirán a fin de año en Buenos Aires. Su actual presidente es Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.
Una de sus TaskForce es, precisamente, la dedicada a la Integridad y el Compliance y que se propone implementar a fondo las recomendaciones al respecto del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés), una organización internacional ligada a la OCDE.
Jorge Mandelbaum, presidente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), está al frente de esta TaskForce, y en una reciente reunión del B20 en Washington señaló que “se escribió mucho sobre compliance en los últimos años y muchas empresas tienen reglas, pero creo que es un tema que no termina de permear del todo en la cultura corporativa”, según consignó Infobae.
“No haremos recomendaciones teóricas: serán cosas concretas que se puedan implementar. Los gobiernos deberían empezar por las empresas públicas para generar una suerte de contagio hacia las privados”, agregó.
