Aunque la justicia suspendió el proyecto aprobado por ley, ya hay siete predios preseleccionados para la construcción de las plantas de incineración de residuos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Opiniones a favor y en contra por doquier.
Por Vanesa Listek
En un debate que continúa más allá del recinto de la legislatura, varias ONGs, cooperativas y ciudadanos están preocupados por la construcción de las siete plantas de termovalorización de residuos que podrían construirse en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en los próximos años. Por el momento un amparo judicial presentados por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al que hizo lugar la jueza Elena Liberatori, puso un freno a la iniciativa. Sin embargo, desde el Gobierno Porteño insisten en que la incineración sería la mejor opción.
La Ley Basura Cero (o Ley 1854), aprobada el 25 de noviembre de 2005, fue modificada el pasado 3 de mayo para incorporar nuevos objetivos de enterramiento y la legalización de la incineración. El oficialismo logró imponerse en la votación que aprobó por 36 votos contra 22 el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para autorizar la quema e incineración de la basura que a diario se genera en la ciudad de Buenos Aires. Para los funcionarios del Gobierno porteño, las metas normalizadas en la ley eran de imposible cumplimiento, por eso recurrieron al tratamiento térmico de los residuos, algo que según el Gobierno no compite con el reciclado de residuos en la Ciudad.
Sin embargo, desde Greenpeace aseguran que la incineración “es mala para la salud, no soluciona el problema de los rellenos sanitarios, es un despilfarro de dinero y no es sustentable”. Para Leonel Mingo, vocero de la ONG, “la ley de Basura Cero tenía dos pilares claves: prohibía cualquier forma de combustión de residuos y tenía metas de reducción de basura”. La discusión por las plantas de termovalorización surge en un escenario desalentador, con los predios de la Ceamse al borde del colapso, sobre todo el de José León Suárez, que recibe el 87% de la basura de la región metropolitana. Allí se depositan a diario 18.500 toneladas de residuos, 3000 de las cuales viajan desde la Capital.
¿Yo señor?, No, señor…
¿Qué se cumplió de la Ley Basura Cero? “Absolutamente nada, en 12 años de vigencia, no se llegó ni siquiera a la primera de sus metas (una reducción del 30% de todos los residuos que se enviaban a los rellenos), de hecho, sólo se terminó todo el ciclo con apenas una reducción del 26%, lo que nos confirma que la crisis sanitaria aún continúa”, sentenció Mingo.
Por su parte, el subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad, Renzo Morosi, confirmó a Visión Sustentable en una entrevista que las metas que estaban planteadas en la ley eran de imposible cumplimiento, ya que la línea de base que se usó para la misma fue la de 2004, uno de los años en los que la Ciudad generó menos residuos. “Arrancamos con una meta muy exigente debido a este error, y ahora podemos ver que durante los años siguientes se generaron más toneladas de residuos debido a un crecimiento demográfico junto con un ingreso diario de miles de personas”, reconoció el funcionario.
Según Morosi “no vamos a prender fuego a todo, ya que la ley marca que cualquier planta de termovalorización en la Ciudad debe tener una planta de pre acondicionamiento para garantizar que el papel, cartón y botellas de vidrio no entren al tratamiento térmico”. Esto es además una garantía para las Cooperadoras. Para el Gobierno porteño, el camino de los recuperadores urbanos fue exitoso y aseguran que seguirán apostando a este método. “La termovalorización va por otro lado, ya que compite contra el entierro del relleno sanitario”, aseguró.
Pero Greenpeace y los representantes de las cooperativas aseguran que se puede generar aún más trabajo sin la incineración de basura. Coco Niz, de la Cooperativa El Correcaminos, contó a Visión Sustentable que el reciclado manual que realizan los recuperadores urbanos no daña al ecosistema, como lo haría una planta de incineración. “Nosotros logramos crear una gran alianza comunitaria con la sociedad urbana, demostrando que es posible vivir sustentablemente si la sociedad separa todos los residuos desde el origen, incentivando un trabajo digno y solidario a favor del planeta”, relató Niz.
En este punto coincidió Morosi, cuando confirmó que gracias a los recuperadores sociales y las cooperativas, con rutas de trabajo y logística eficiente, se pudo transitar el camino de la reducción de residuos que van al relleno sanitario. “Tenemos que recordar que se avanzó mucho desde 2001, cuando había cientos de personas revolviendo la basura, algo que ya no existe hoy por el compromiso fuerte que tiene esta gestión de acompañarlos”, dijo Morosi. Además, contó que pronto, los camiones que aporta el Gobierno a través de las cooperativas, van a ser reemplazados por nuevos para continuar en este camino del reciclaje.
Los siete predios
En 1976 la intendencia de Buenos Aires prohibió la incineración a los particulares y cerró las usinas que aún estaban en actividad. Pero ahora, habilitada por ley, la Ciudad ya comenzó a definir dónde habrá plantas para incinerar residuos y desde Greenpeace confirmaron cuales son los siete predios preseleccionados hasta el momento.
En un documento de uso interno de la Ceamse, difundido por la ONG, se especifican los espacios propuestos para instalar las plantas. Además del predio en la ciudad, de 32 hectáreas, la Ceamse analiza dos sitios en el partido de Tres de Febrero (de 11 y 13 hectáreas), uno en General San Martín (de 47 hectáreas). En Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, los predios tendrían una superficie de 383, 187 y 100 hectáreas respectivamente.
En tanto, en el Sudoeste de la provincia se están analizando predios en Ezeiza, Lomas de Zamora, La Matanza y Quilmes; mientras que en la zona sur, se evalúa instalar una planta en Ensenada.
El manejo de la mayoría de estas plantas con regeneración de energía podría caer en manos privadas; en ese caso, las licitaciones de cada uno de los módulos tendrían que ser avaladas por la Legislatura. Pero con cada planta costando entre 400 y 800 millones de dólares, la ONG Greenpeace tiene sus dudas sobre quienes estarán a cargo de las concesiones y los efectos en la población. “Estas plantas, se entregan en concesión por un periodo de entre 25 y 30 años y, además, la Ciudad se compromete a entregarles una cantidad de residuos determinados que les permita obtener ganancias; de no llegar a este nivel, el Gobierno deberá pagar la diferencia para que puedan obtener la ganancia pactada durante más de 20 años”, contó Mingo.
Sin embargo, el argumento del Gobierno porteño recae en la experiencia de otros países. Según sus funcionarios, se puede traer al país una tecnología que ya funciona con más de 2.200 plantas en todo el mundo. Citando casos como el de París y Ámsterdam, como exitosos, aseguran que aquí también podría suceder lo mismo. En especial cuando consideran que el 75% del espacio que ocupan las plantas corresponde a la combustión y el control de emisiones, cumpliendo con un estándar europeo de tecnologías limpias.
Pero en este punto difiere Mingo, quien aseguró que el monitoreo del aire en las plantas no controla todas las emisiones que se producen. “Miles de estudios científicos y papers internacionales demuestran que las plantas de incineración son nocivas para la salud, y hasta hace tan solo unas semanas, la web oficial del Gobierno porteño decía que la incineración emite miles de sustancias químicas tóxicas para la salud, como dioxinas y furanos, que son de carácter cancerígeno y persistente”, concluyó.
Escenario desalentador: El predio del Ceamse de José L. Suarez recibe el 87% de la basura de la región metropolitana. Se depositan por día 18.500 toneladas de residuos, 3.000 provienen de la Capital.
“No vamos a prender fuego a todo, ya que la ley marca que cualquier planta de termovalorización en la Ciudad debe tener una planta de pre acondicionamiento para garantizar que el papel, cartón y botellas de vidrio no entren al tratamiento térmico”, Renzo Morosi, subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad.
“Miles de estudios científicos y papers internacionales demuestran que las plantas de incineración son nocivas para la salud, y hasta hace tan solo unas semanas, la web oficial del Gobierno porteño decía que la incineración emite miles de sustancias químicas tóxicas para la salud, como dioxinas y furanos, que son de carácter cancerígeno y persistente”, Leonel Mingo, vocero de Greenpeace.
