Por Florencia García
En el marco de la aplicación de políticas de sustentabilidad en Argentina se incorporan poco a poco la implementación de bonos verdes, sustentables y sociales en el mercado de valores para dar impulso a sectores con propuestas sustentables.
Según la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) los bonos sociales, verdes y sustentables (SVS) son valores negociables que se destinan a financiar o refinanciar proyectos, en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una combinación de ambos (sustentables). Hace unas semanas la ONG Techo logró colocar su primer bono en el mercado por un total de $18 millones de pesos que utilizará para financiar la creación de una fábrica social en Escobar.
En Argentina la norma sancionada por la Comisión Nacional de Valores establece los lineamientos para su emisión y los reconoce como una forma efectiva de movilizar capital privado hacia sectores prioritarios y así promover el desarrollo de infraestructura resiliente baja en carbono, que permita un desarrollo equitativo y sustentable, según publica en su sitio oficial la empresa PWC.
“El sector privado, cumplió un rol más que importante en todo este camino, no solo para poder llevarlo adelante, sino para comprender un espacio ajeno a nuestra diaria y entendimiento, y también para comprender que tan factible y posible era que todo este proceso pueda ser llevado adelante”, explica Eric Nieto, Director de Gestión e Información TECHO – Argentina en relación a este bono.
Para poder acceder a este tipo de financiamiento los proyectos que se presenten —pertenezcan a espacios con o sin fines de lucro—deberán brindar información respecto a su estructura, proyecto para el cuál se requiere la financiación, información sobre gestión de los fondos y proyecciones futuras. Hoy, el mercado de inversionistas y stakeholders se abre a este tipo de iniciativas y prioriza aquellas iniciativas con mayor impacto tanto social como ambiental.
“Hay interés de inversores por aportar a actividades que tengan algún correlato positivo”, opina Ignacio Valente, Gerente Comercial de Acindar Pymes SGR, y agrega que “la particularidad que tiene este aval para nosotros es haber acompañado una organización que no tiene fines de lucro y que suelen tener el acceso negado a este financiamiento y eso le da un condimento especial”, respecto al trabajo realizado con Techo.
Cada vez más el sector privado se orienta a trabajar de forma real con protocolos, guías y normativas que dan marco regulatorio para invertir en espacios que trabajen por un bien común.
Los SVS son formas de inversión que en nuestro país se otorgan en la búsqueda de un fin o proyecto particular. En este proceso intervienen distintos actores evaluando riesgo, proyecciones y rentabilidad al respecto. En el caso de bonos sociales se evalúa el impacto social sobre sus iniciativas y para ello se busca trabajar en equipos complementarios.
En el caso de este último bono, formaron parte del equipo que llevó a cabo la operación Banco Santander, Banco Galicia, Banco Hipotecario, y Allaria Ledesma & Cía. S.A. que funcionaron como estructuradores y colocadores del bono; las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) Argenpymes SGR, Acindar Pymes SGR y Crecer SGR como garantes del bono; el estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites &Arntsen, y Fernando Chuit, Director de ImpactInvestments de Grupo Pegasus; como asesores legales de todo el proceso.
Es decir, que si bien son iniciativas que en los próximos años buscan aumentar su alcance a espacios sin fines de lucro, el compromiso y la transparencia para este tipo de transacciones son la base de trabajo.
Financiar con impacto, proyectar con responsabilidad
Según información publicada en el sitio oficial de Bolsa y Mercados Argentinos, en la actualidad nuestro país cuenta con la emisión de 15 bonos SVS. Siete de ellos son bonos sociales, un bono sustentable y otros siete verde.
Si bien, el cumplimiento de políticas sustentables a través de convenios internacionales es una urgencia, la realidad es que cada vez más el sector privado se orienta a trabajar de forma real con protocolos, guías y normativas que dan marco regulatorio para invertir en espacios que trabajen por un bien común —sea verde, social o sustentable— para nuestra sociedad.
“El impacto que tuvo al marcar un hito en el financiamiento hace que muchas organizaciones sociales puedan empezar a capacitarse o a entender quiénes son los actores principales que pueden brindar una herramienta diferente al financiamiento tradicional”, por ello “esa demanda nos obliga a nosotros como actores principales de financiamiento a atender la demanda y empezar diseñar productos que estén al alcance y a las posibilidades de estas organizaciones”, analiza Valente.
A su vez, las organizaciones que se involucren en esta búsqueda podrán dar respuesta a necesidades financieras que hoy pueden ser un obstáculo para su objetivo. “En ese sentido, nos va a permitir realizar un proyecto de inversión, el cual requería financiamiento, y que va a tener un impacto social positivo, ya que nos permitirá construir más viviendas de emergencia”, explica Nieto.
De esta manera la red de trabajo entre el sector privado y el tercer sector permitirá financiar proyectos que mejoren la calidad de vida y preserven a mediano y largo plazo las condiciones medioambientales de nuestra sociedad.
