Por Fiorella Lotti
Con el inicio de las sesiones extraordinarias, importantes proyectos de ley que se vienen impulsando desde el sector ambientalista quedaron fuera del temario e, incluso, perdieron estado parlamentario.
Una de las deudas más grandes que tiene la Argentina es la aplicación de políticas públicas ambientales. Si bien durante 2021 se pudo avanzar con algunas normativas importantes como la Ley de Educación Ambiental Integral o la Ley de Etiquetado Frontal, ¿qué pasa con el tratamiento de otras leyes?
Humedales en el olvido
La protección de los humedales es una lucha que lleva más de diez años en el parlamento argentino. Sólo en 2020 se presentaron 15 proyectos de ley, 10 en Diputados y 5 en el Senado. Previamente en 2013 y 2016 se trataron proyectos sobre el tema en el Congreso. En ambas ocasiones, se logró la media sanción de la Cámara alta, pero no hubo avances en la Cámara baja, donde caducó su tratamiento.
A finales de 2020, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados aprobó un texto pero, al no ser incorporado en las sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante febrero, el mismo perdió estado parlamentario.
“Creemos que hay un mal entendimiento de los beneficios de la planificación del uso y conservación de los humedales. Una ley no implica el no uso del total de los humedales del país, sino identificarlos para luego planificar cuáles se conservan y cómo se usan”, explicó Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina.
En el mismo sentido, Andres Nápoli, Director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), asegura que “sin duda existe una falta de decisión política que no construye el consenso necesario para su aprobación. No hay que descartar el lobby agropecuario ni inmobiliario, y el de algunas provincias del litoral que están en contra de su sanción”.
Es importante contar con una norma que proteja un ecosistema que ocupa el 19% de la superficie del país. Son ecosistemas valiosos para el ambiente y las comunidades, ya que regulan inundaciones y sequías, son claves para la biodiversidad y para la calidad de los suelos, y grandes aliados en la lucha contra el cambio climático.
“Al no contar con una ley, el avance de actividades productivas sobre los humedales no contempla su sostenibilidad afectando no solo a las poblaciones locales y la biodiversidad que depende de ellos, sino a la continuidad de dichas actividades”, precisa Gomel.
Por su parte, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, asegura que “desde el Ministerio de Ambiente se ha dicho largamente que es una necesidad en la política pública el manejo de los mismos, de la determinación de las modalidades de uso de los distintos humedales del país, contar con una normativa para realizar una política pública coherente, amplia y de conjunto”.
Y afirma: “El Ministerio, no obstante, ha puesto en marcha programas de realización de inventarios de humedales, de protección de determinados humedales y de elaboración de normas al respecto. Por lo tanto, entendemos que la discusión sobre una ley ocurrirá y formará parte de esa política pública más amplia”.
En la sociedad se observan dos posturas sobre la preservación de estos ecosistemas: “Existe un núcleo de personas que viven en ellos y los valoran, y otro sector que los quieren conquistar, al imaginarlos como pantanos que hay que rellanar y hacerlos productivos. Esa contradicción es muy dañina, y de ahí surgen los incendios que se producen para ganar terreno”, distingue Nápoli.
Ley de envases para reducir residuos
Hay por lo menos 7 proyectos de ley de envases en el Congreso, 4 con vigencia hasta febrero 2022 y 3 hasta febrero de 2023. El último es una elaboración del Ministerio de Ambiente con la participación del Ministerio de Desarrollo Productivo, y fue enviada al parlamento como proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el presidente de la Nación.
Una ley de presupuestos mínimos de envases es fundamental para gestionarlos, ya que representan el 60% de los residuos domiciliarios, y complementa la norma de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Al respecto, Federovisky señala: “La sociedad le está dando una importancia trascendente y por eso logramos revertir una discusión respecto de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que es el eje conceptual de la ley de envases, es decir quién se hace cargo de aquellos productos que se colocan en el mercado como envases y se convierten en residuos una vez que terminan su vida útil”.
Esta norma permitirá fomentar la reducción, reutilización, reciclado y disposición de estos residuos. “Para ello, entre los requisitos, la REP debe ser el principio rector, obligando a los contaminadores a responsabilizarse por la gestión del residuo, incluyendo a los recuperadores urbanos, actores centrales en la recolección de los residuos en varias localidades del país”, exhorta Gomel.
Su sanción significaría un claro mensaje para cambiar el paradigma de la producción de envases. “Para que la industria se oriente a producir envases cada vez más reciclables, que el consumidor también tenga la posibilidad de incorporarse en ese proceso virtuoso y que los residuos puedan tener otro destino y no impacten en la naturaleza en general”, agrega Nápoli.
Desde Fundación Vida Silvestre, advierten que “a nivel social hay cada vez mayor conciencia respecto de la separación de residuos en origen, sin embargo, la falta de una norma para gestionar los residuos, impide que dichos esfuerzos tengan resultados en el resto de la cadena de gestión de los envases”.
En ese sentido, el Director Ejecutivo de la FARN sugiere: “La generación de conciencia en torno a los residuos tiene que hacerse desde el Estado, con normativas claras para que la sociedad contribuya. La Ley de Residuos Sólidos establece que hay que bajar los niveles de enterramiento; y esto es parte del proceso de reciclado: tener una ley de envases, consolidar la actividad de los recuperadores urbanos y destinar los fondos adecuados para cumplir con su tarea”.
Fomentando la agroecología
El proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología corresponde a una iniciativa legislativa del Ministerio de Agricultura, que busca promover y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones para brindar un mayor impulso al desarrollo de sistemas de producción agroecológica.
“Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), se lleva adelante la formulación e implementación de políticas de fiscalización, control, preservación ambiental y prevención de la contaminación, entre otras tareas de control y promoción de la economía circular”, argumenta Federovisky.
La agroecología busca fomentar prácticas agrícolas diferentes a la industrial, que constituyen un sistema alimentario para el país. “Tiene que ver con garantizar el derecho a la alimentación adecuada, pero también promover sistemas de producción que impacten menos a la biodiversidad y respeten la capacidad de carga de los sistemas”, describe Nápoli.
Mientras que la agricultura industrial genera alto impacto en el ambiente, las poblaciones y la biodiversidad; la agroecología ofrece prácticas alternativas que apuntan a la soberanía alimentaria y la gestión sustentable de los recursos naturales.
Es un cambio de paradigma que necesita una norma que lo avale y tiene que venir de la mano de un proyecto de Ordenamiento Ambiental del Territorio que hoy no existe en Argentina, y que permitiría planificar, ordenar y controlar el uso del territorio permitiendo organizar las actividades productivas cuidando el ambiente.
“Existe una conciencia cada vez mayor en los más jóvenes sobre una alimentación sana y saludable, vinculada con la protección del ambiente y el consumo responsable. Es necesario facilitar y difundir estos procesos para que no sea una práctica costosa y de elite”, advierte Nápoli.
Siguiendo la trayectoria de la pesca
Existen dos proyectos de ley de Trazabilidad de la Pesca con estado parlamentario, que buscan contribuir con el desarrollo de la industria y la adecuación a los nuevos requerimientos que vienen estableciéndose en los principales mercados globales.
“Esta ley permitirá disponer de información sobre todos los eslabones de la cadena de producción pesquera, permitiendo gestionar mejor la actividad, posicionar nuestros productos en los mercados internacionales y proveer de productos de mejor calidad el mercado local”, menciona la especialista en políticas públicas y gobernanza.
Además, buscan prevenir y disminuir la pesca ilegal y contribuir al control de la actividad para preservar los ecosistemas marinos, facilitando el acceso a prácticas más sostenibles.
Al respecto, Fundación Vida Silvestre presentó recientemente el proyecto de bitácora electrónica, un sistema gratuito y de código abierto que permite utilizar dispositivos móviles para registrar y transmitir los datos de las capturas y el esfuerzo pesquero y facilitar a las autoridades un seguimiento de la pesca a través de un sitio web.
Penalización para los delitos ambientales
El Código Penal de la Argentina no incluye la tipificación de delitos que afectan al ambiente. Con vigencia desde 1921 y sin modificaciones, no regula de manera directa ni contempla específicamente los delitos contra el ambiente, lo que facilita la impunidad y la falta de condena efectiva.
En nuestro país, incendiar un bosque o cazar especies amenazadas prácticamente no tiene penas, más allá de sanciones económicas que poco se cumplen. El año pasado se presentaron varios proyectos para incluir en el Código Penal los Delitos Ambientales.
“Es necesario que el ambiente sea reconocido como un bien a ser tutelado de aquellas conductas que lo dañen. Hoy incendiar un bosque no tiene otra consecuencia que lo que se observa en términos materiales. Si no produce un estrago o daño concreto a la población, no es reconocido con una penalización. Y es una norma que el Congreso debería debatir”, denuncia Nápoli.
Incluir como delito aquellas conductas y acciones que puedan generar daños al ambiente permitirá establecer consecuencias penales para los responsables de la pesca ilegal, la caza de especies silvestres amenazadas, la deforestación, los incendios, el uso indebido de agroquímicos y la destrucción de ecosistemas diversos, entre otras.
Latinoamérica en materia legal
Si bien para el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental, “cada país tiene una realidad diferente, una modalidad de gobierno diferente y una política pública en materia ambiental propia”, por lo que las comparaciones no son viables, la región tiene deudas comunes con el ambiente.
Los expertos señalan que en países como Perú, México, Colombia y Ecuador, la deforestación sigue sin dar tregua, la violencia contra líderes indígenas va en aumento y las áreas naturales protegidas continúan en peligro. Mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Argentina, coinciden en que algunos de los temas ambientales que quedaron pendientes fueron la falta de control en los incendios forestales, la escalada de la agroindustria, las sequias y la contaminación de los ecosistemas.
“La Argentina cuenta con una base normativa importante y quizás lo que ha faltado para poder desarrollar mayores respuestas a ciertos temas ambientales, a ciertos problemas heredados fundamentalmente de un modo de producción insustentable, es ejecutar una transición ecológica que, más allá de las normativas, pueda dar respuestas en materia de política pública”, subraya Federovisky.
A nivel social, cada vez hay más personas interesadas por el cuidado del ambiente, en los últimos años se han visto movilizaciones y campañas evocando en tratamientos de leyes que preserven los ecosistemas. “Esto es muy positivo dado que la presión social, es un factor clave para la sanción de leyes ambientales”, indica Gomel.
