En los primeros seis meses del año, el norte argentino perdió más de 59.000 hectáreas de bosque nativo, una devastación alarmante que revela la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios. Esta coalición destructiva opera con total impunidad, ignorando leyes y regulaciones ambientales para expandir la frontera agropecuaria, arrasando con nuestros bosques sin consideración alguna por el impacto ecológico y social.
La deforestación en el norte de Argentina ha alcanzado niveles críticos, con la mayoría de los desmontes realizándose de manera ilegal. Greenpeace ha publicado su informe semestral, que muestra un aumento alarmante en la pérdida de bosques, especialmente en Chaco y Santiago del Estero.
Además, la normativa ambiental de la Unión Europea para la carne y la soja de 2023, que exige una trazabilidad rigurosa, ha generado cierta inquietud en los sectores involucrados en la deforestación. Aunque estas medidas buscan reducir la presión sobre ecosistemas como el Gran Chaco, su impacto aún no se ha materializado significativamente. Para entender mejor la situación y las medidas necesarias, conversamos con Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El informe sobre deforestación en el norte argentino reporta 59.557 hectáreas desmontadas en seis meses. ¿Qué hallazgos y cifras destacaron en el informe, y cuáles son las principales causas detrás de este problema?
La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, mayormente exportada a Asia y Europa en áreas no permitidas por la Ley Nacional de Bosques. Con lo cual la situación es alarmante y nos preocupa mucho el aumento de la deforestación ilegal. En Chaco, todos los desmontes violaron la suspensión de la justicia provincial y se flexibilizó la ley. En Santiago del Estero, el gobierno autoriza desmontes en áreas no permitidas.
Entre enero y junio de 2024, se deforestaron 59.557 hectáreas en total: 21.148 en Chaco, 21.047 en Santiago del Estero, 7.162 en Formosa y 4.200 en Salta, equivalente a tres veces la superficie de Buenos Aires.
Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad.
¿Tienen identificadas a las empresas que continúan con este tipo de prácticas?
-Identificar a las empresas que están deforestando requiere investigación, ya que a menudo son locales y poco conocidas. Utilizamos imágenes satelitales y recorridos en la zona para nombrar a más de 300 empresas y empresarios en los últimos 30 años. En los primeros seis meses de 2024, detectamos un desmonte de 10 mil hectáreas en Santiago del Estero por los dueños de la gaseosa Manaos. Además de tener la empresa, llevan una década comprando campos en la provincia, causando conflictos con comunidades campesinas. El gobierno les otorgó un permiso irregular para desmontar para ganadería en una zona no permitida por la Ley Nacional de Bosques.
¿En qué situación se encuentra la denuncia realizada a la Corte Suprema?
-La causa en la Corte Suprema de Justicia en defensa de los últimos 20 yaguaretés que habitan el Gran Chaco y de su territorio acaba de cumplir 5 años. Como positivo, la Corte se declaró competente, por lo que, eventualmente, tendrán que expedirse ante nuestra presentación, además de incluir este tema en las próximas audiencias públicas.
¿Qué medidas se podrían tomar desde la Secretaría de Ambiente de la Nación que no se están realizando?
La Secretaría de Ambiente de la Nación, como primera medida, debería monitorear y controlar, tal como hacemos nosotros, para que las provincias actúen frente a denuncias de desmontes ilegales. Además, deberían realizar estos monitoreos con más velocidad, ya que en ocasiones se han demorado hasta dos años para ratificar lo que Greenpeace presenta y denuncia. Por último, deben velar por que se financie la protección de los bosques, otorgando los fondos que corresponden para el control, el monitoreo y el desarrollo sustentable.
–La certificación ambiental de la Unión Europea en lo que se refiere a carne y soja de 2023, ¿Provocó una merma de esta práctica sobre todo en la región de Gran Chaco?
No, la verdad que no ha generado una merma en el Gran Chaco por el momento, pero sí genera preocupación entre los sectores que están ligados a la deforestación, ya que van a tener que demostrar toda la cadena de custodia y el recorrido que hace el producto ante la Unión Europea. Esta medida es impulsada por distintas organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, y que, si se implementa correctamente, le va a sacar un poco de presión al Gran Chaco.
¿Qué otras medidas se podrían implementar a nivel Latam para que la barrera productiva no se siga corriendo?
En cuanto a las medidas que se deberían tomar, creemos que, internacionalmente, debería haber un compromiso vinculante en las cumbres de cambio climático y de biodiversidad, ya que por el momento son solo compromisos voluntarios que firman los países. Pero, a nivel local, desde Greenpeace seguimos trabajando para que se penalice la deforestación ilegal y para que se avance con leyes cada vez más eficientes y restrictivas que prohíban en su totalidad la deforestación.
