Por Fiorella Lotti
En una provincia afectada por la sequía, el pueblo tomó las calles con el objetivo de proteger el agua y manifestarse en contra de la modificación de la Ley 7.722, que intentaba abrir las puertas a la mega minería habilitando el uso de sustancias tóxicas.
Tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el Gobernador Rodolfo Suárez, senadores y diputados mendocinos aprobaron en una sesión maratónica la modificación a la ley provincial 7.722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras metalíferas. Y casi de la misma manera, se llegó a la derogación de la nueva normativa.
La ley 9.209 fue aprobada el 20 de diciembre en el Senado Provincial con 29 votos a favor y 7 en contra, pero la medida no encontró apoyo social, lo que empujó al Gobernador a dar marcha atrás en la implementación, y a su derogación el lunes 30 de diciembre.
La actividad minera metalífera se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de proteger el agua. Por tal motivo, la modificación de esta ley generó una fuerte tensión social, donde se produjeron movilizaciones masivas en contra del uso de sustancias tóxicas y en defensa del bien escaso.
“La velocidad con que se movieron los políticos demuestra que lo que hicieron va en contra de los intereses del pueblo y a favor del sector minero y petrolero y la gente no la avala”, expresó la ingeniera Analía De Gumucio, presidenta de la Asociación Conciencia Ambiental. Por su parte para Andrés Nápoli, presidente de FARN, “el Gobierno se apuró porque era consciente de la dificultad que iba a tener para aprobar esta normativa, y aprovechó dos circunstancias: la asunción presidencial y la del gobernador para poder llegar a su aprobación. Para los temas ambientales se necesita la legalidad y la legitimidad, traducida como licencia social para operar”.
La nueva Ley 9.209 introducía, entre otros cambios, la eliminación de la prohibición del uso de sustancias químicas y sustancias tóxicas “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Ya no será necesario aprobar por ley las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), pero se establece que estos estudios deberán contener informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
También se especificaron las tareas que tendrá la Policía Ambiental y que deberá informar anualmente a la Comisión Bicameral de Control Ambiental. Así mismo, se estableció que las Audiencias Públicas deberán hacerse en los municipios donde se localice cada proyecto y se creará un Fondo de Compensación para la gestión integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que se conformará con el 1,5% de las ventas de cada emprendimiento minero.
Una problemática real
La escasez de agua es una problemática que afecta a todo el territorio mendocino. Durante los últimos 10 años, se han implementado una serie de políticas públicas y obras de infraestructura para mantener la disponibilidad hídrica y garantizar el suministro requerido, promoviendo su uso responsable, sosteniendo la producción agrícola y mitigando el impacto producido por el cambio climático.
Ya lo dijo el gobierno mendocino en 2017 en el marco de un conflicto con La Pampa por los recursos hídricos del río Atuel: “Mendoza solo puede conocerse cabalmente si se entiende que está sentada sobre el desierto y que su alta fragilidad ante al recurso hídrico hace que el agua sea el centro de gravedad de toda decisión presente y perspectiva futura”.
A pesar de estos esfuerzos, desde 2011 el gobierno provincial viene declarando la emergencia hídrica, e incluso en 2018 precisó que ya no tendrá la misma disponibilidad de recursos que en el pasado, por lo que la escasez de agua es la “nueva normalidad”.
Por este motivo, la minería metalífera es una actividad carente de consenso social por el “compromiso potencial que generaría sobre la demanda del agua”, perjudicando el delicado equilibrio hídrico y afectando a las actividades productivas que dependen de este recurso, como los cultivos como la vid, hortalizas y frutas, principales productos de exportación de la provincia.
“Las sustancias como el ácido sulfúrico, cianuro y afines para estas actividades, lixivian en la tierra, ingresan a las napas, cambian la constitución de los suelos, envenenándolo todo. Incluso, en su reproducción inorgánica, a partir del contacto con el oxígeno y bacterias que trabajan en consecuencia. Si a esto le agregamos, la contaminación por los explosivos y los diques de cola, la ecuación es terrorífica”, describió Luciana Gagliardo, Presidente de la ONG Conciencia Solidaria.
“Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista”, declaró Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMAP).
La 7.722, una ley social
En 2005, diversas empresas mineras manifestaron su interés en explotar el Valle de Uco, lo que generó que los habitantes comenzaran a movilizarse para reclamar por una legislación que proteja el agua de la provincia. Cámaras de comercio y agricultores apoyaron la posición, preocupados por la demanda y uso de grandes cantidades de agua por parte de la minería.
En este marco, se presentó el proyecto de ley para suspender el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto la provincia tuviera aprobado su Plan Ambiental. Si bien el proyecto fue aprobado por el Congreso provincial en diciembre de 2006, el entonces gobernador Julio Cobos la vetó, tildándola de inconstitucional. Sin embargo, las movilizaciones y cortes pacíficos continuaron, y en junio de 2007 se logró la aprobación de la Ley provincial Nº 7.722.
“Implementar las modificaciones que establece la nueva normativa representaría una violación de los principios preventivo, precautorio y progresivo, de la política ambiental, establecidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675)”, explicó Nápoli y detalló: “El principio de progresividad, señala que una vez alcanzados ciertos estándares de protección ambiental no podrán retrotraerse, aunque sí pueden endurecerse”.
El pasado 30 de diciembre comenzó a tratarse la derogación en el Palacio Legislativo. “La restitución de la 7.722 significa un enorme triunfo del pueblo mendocino. Les dimos una lección de democracia y ciudadanía, para que empiecen a gobernar escuchando al pueblo y no a los intereses de las grandes multinacionales”, expresó Giraud.
La minería como política de estado
El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo, quien celebró haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada.
“Gracias al avance tecnológico la minería dejó de ser un riesgo para convertirse en una gran oportunidad para un país que además necesita producir, crecer y exportar. La minería allí tiene un foco relevante porque exporta mucho de lo que produce, y la única forma de hacerse cargo de las obligaciones es exportando”, declaró el Presidente de la Nación públicamente.
Sin embargo, frente a las masivas movilizaciones que vienen llevándose adelante en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, emitió un comunicado en el que buscó separar al gobierno nacional de la problemática, al precisar que “la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”.
El jueves 26 se conoció la decisión del gobernador de frenar la reglamentación, quien aseguró: “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”.
En esa misma línea, expresó: “Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, y justificó la necesidad de habilitar proyectos mineros para “ampliar la matriz productiva de la provincia”.
Alberto Fernández coincide en que la minería es una fuente de riqueza y es necesario explotar los recursos naturales para sacar a millones de argentinos de la postergación. Pero pone dos condiciones: el acuerdo social y el respeto a las normas ambientales. Entre los principales intereses del Gobierno, se encuentran el desarrollo del litio y del silicio, así como el potasio en Mendoza. Por eso, la minería fue uno de los sectores beneficiados con una baja del 12% al 8% en las retenciones a las exportaciones.
Por su parte, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) realizó un estudio sobre los recursos que podrían extraerse del suelo mendocino, y estimó que podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, teniendo en cuenta mano de obra directa e indirecta. Es que existen alrededor de 20 proyectos en carpeta esperando activarse. Los empresarios aseguran que se reactivaría una actividad que movería recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral).
En lo que respecta a ingresos, Camem proyectó que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares, incluyendo consumos en bienes y servicios, y el compre local. En cuanto a la recaudación de la provincia, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares.
Sin embargo, los asambleístas estarán atentos a lo que ocurra en la legislatura: “Creemos que no se van a quedar quietos. Tememos que el gobierno siga actuando a favor de estos intereses, y que desarrolle una enorme campaña, como cuando dijo que todos estos movimientos se debían a una falta de información adecuada por parte de la ciudadanía. Nosotros queremos que el 40% de la población salga de la pobreza, pero tiene que ver con una crisis nacional más que provincial o ligada a nuestra matriz productiva”, asegura Giraud.
Recientemente en Chubut también se empezaron a organizar movilizaciones en contra de la minería, demostrando que existe una creciente conciencia de lo que significan este tipo de actividades. “Son desarrollos vinculados a la exportación, donde los territorios solo se quedan con los pasivos, y el empleo no genera notables cambios. Es hora de que entiendan que los temas ambientales no son temas aislados, marcan agenda en relación a los derechos humanos”, aseveró Nápoli.
Y concluyó: “El mensaje que se le envía al Gobierno Nacional es que los temas de desarrollo en las provincias no solamente forman parte de las decisiones de gobiernos o empresas y sindicatos, sino que hay multiplicidad de actores que tienen que participar de una mesa de diálogo y establecer si es viable o no una actividad”.
